El secretario de Ambiente, Juan José Mussi, se apresta a viajar a la región de Salí Dulce para tratar con los gobernadores de Santiago del Estero y Tucumán, así como con los responsables de los ingenios con destilerías, la firma del convenio para implementar un plan de saneamiento de la cuenca.
El plan implica el cumplimiento de una serie de requisitos por parte de las plantas como ceniza y vinaza cero a partir de 2012, tratamiento integral del agua de lavado de caña hasta 2013, clausura de la fábrica que incumpla y la participación de la Sayds como garante y con facultad para aplicar sanciones. Según fuentes nacionales, Mussi estaría el jueves 29 o el miércoles 4 de enero en Tucumán y en Santiago para cerrar un convenio que lleve a destrabar el conflicto.
La Corte Suprema de Justicia requirió a la Secretaría de Ambiente de la Nación que le informe en el plazo de diez días hábiles cuál es el estado de avance de las acciones impulsadas para la protección del ecosistema Cuenca Salí-Dulce, con particular atinencia a la contaminación que se denuncia en el Dique Frontal del Embalse de Las Termas de Río Hondo, proveniente del volcado de desechos industriales sin tratamiento sobre los afluentes que conforman la referida cuenca, por parte de los ingenios ubicados en jurisdicción de la provincia de Tucumán.
El máximo cuerpo de Justicia también resolvió no hacer lugar a la medida cautelar que interpuso Santiago del Estero para que se paralice la producción de bioetanol o cualquier tipo de alcohol que tenga como subproducto la vinaza, en los ingenios tucumanos.
“Aparece prematuro impartir una orden de la naturaleza pretendida sin siquiera haber oido a las partes interesadas; ello, claro está, sin perjuicio de las medidas que pudieran adoptarse en el futuro en el caso de aparecer como necesarias”, se explicó en el fallo.
El primer dictamen que emite la Corte sobre la contaminación provocada por los ingenios tucumanos lleva las firmas de Ricardo Luis Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Santiago Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay.
La denuncia fue promovida por el fiscal de Estado, Raúl Abate, y el defensor del Pueblo de Santiago del Estero, Martín Díaz Achával, en contra de la compañías azucareras Concepción SA (Ingenio Concepción) y Los Balcanes SA (Ingenio La Florida) por el vuelco de vinaza sobre los afluentes que conforman la cuenca Salí-Dulce.
Precisamente, Díaz Achával estuvo ayer en el dique de Las Termas para verificar la mortandad de peces.
“Vamos a elevar un informe de las dos masivas mortandades de peces a la Corte”, indicó el funcionario.
