El secretario de Ambiente, Juan José Mussi, intentó evitar la judicialización del diferendo entre Tucumán y Santiago del Estero por la contaminación de la cuenca del Salí-Dulce atribuida a ingenios tucumanos, que afecta al embalse de Río Hondo, pero los santiagueños insisten en llevarlo a la Corte.
Tras la reunión que tuvieron las provincias de Santiago del Estero y Tucumán con el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan José Mussi, quien ofreció un plan de gestión integral para sanear la cuenca Salí-Dulce y principalmente el embalse Río Hondo a condición de que se evite judicializar la demanda, la representación santiagueña ratificó ante una consulta de la Corte Suprema de la Nación que el amparo ambiental sigue vigente, ya que no ven intenciones del empresariado de cesar la contaminación.
La posición expuesta por Mussi se había fundamentado en que la actuación de la Justicia en el caso de la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo no fue la más acertada, y por ello Tucumán se interesó en desactivar la vía judicial, en virtud de que un pronunciamiento de competencia de la Corte podría derivar en que tenga que compartir la administración de sus ríos con un órgano interjurisdiccional.
El defensor del Pueblo santiagueño, Martín Díaz Achával, dejó entrever su molestia con la actitud de la Corte Suprema, ya que la notificación no fue enviada a las partes del conflicto, ni a los demandantes (Defensoría y Fiscalía) ni demandados (los empresarios).
“La Defensoría mucho no puede hablar porque no fuimos invitados, se convocó a la Secretaría del Agua de la provincia y la Dirección de Ambiente de Santiago, y al Gobierno de Tucumán, que no es ni demandado en el caso que tenemos”, expuso.
Remarcó que por esta situación “cualquier acuerdo que firme el Gobierno de Tucumán no es válido, no podemos tomarlo en serio”.
Además, el ombudsman reconoció que existe buena voluntad del Estado tucumano, pero que es “impotente para solucionar este tema, notoriamente no puede guiar a su empresariado para evitar la sentencia de la Corte”.
Por eso sostuvo: “Mal podemos nosotros retirar la demanda cuando no están dadas las condiciones para que haya un cumplimiento satisfactorio de los objetivos que perseguimos al presentar la demanda, que para nada es el cierre de las empresas tucumanas, sino que cese la contaminación”.
Al respecto, integrantes de la agrupación de pescadores de Las Termas expusieron ante el ministro de Justicia, Ricardo Daives, la delicada situación laboral que padecen a raíz de la contaminación, dado que cesó la actividad en el embalse ante la escasez de fauna ictícola.
