martes 23 de abril de 2024
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AMBIENTE

Muerta la razón, viva la locura

Por Lic. Martín Cisneros (Especialista en medio ambiente) mcisneros@adoba.com.ar

Esta semana se ha debatido (y aún con final abierto) una de las leyes más manipuladas desde la interpretación pública: la ley de glaciares. Todos los actores, de un lado y otro, practicaron un “diálogo de sordos”, donde iban por el todo o nada. Sin embargo, la realidad es un poco más compleja de lo que parece, con un gran tinte político.

¿Qué es un glaciar?

Se trata de un cuerpo permanente de hielo formado en la superficie que se mueve por gravedad. Se originan en tierra, pero pueden extenderse a superficies acuáticas. Como dato, el 10 % de la Tierra está cubierta por ellos y tienen 33 millones de Km3 de agua dulce.
Por su parte, los ambientes periglaciares se han definido a principios del siglo XX como “la zona alrededor del glaciar”. Éste fue justamente el concepto en discordia, al que volveremos más adelante.

Donde empieza la historia

Durante el 2007 y 2008 se desarrolló un intenso debate sobre el tema que terminó en la sanción de la ley más proteccionista (o restrictiva, según se la vea) en octubre de 2008. Al mes siguiente, la presidenta la vetó y no volvió a tratarse hasta el 2010.
El último trajín comenzó en marzo de 2009, en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación y con varias audiencias públicas donde cada sector mostraba sus cartas.
Del lado ambientalista, se pedía por un ambiente sano, ordenamiento territorial, presupuestos mínimos ambientales y supuestos aspectos sociales y culturales que deberían contemplarse. Además, se escrachaba a los legisladores que no votaran su ley de glaciares como “pagados por Barrick Gold”, sin presentar pruebas.
Del lado minero, sostenían que la actividad es una “industria de industrias”, que da trabajo a miles de personas y denuncian que se pretende embanderar una ley anti-minera como ley de glaciares. Además, la presencia de proyectos mineros activaría reclamos salariales en un sector mal pago como el vitivinícola.
Los proyectos en disputa eran dos: el más balanceado provenía del senador Daniel Filmus; el más ambientalista (o anti-minero, según se lea) era del diputado Miguel Bonasso. Hace algunos meses, ambos autores consensuaron un proyecto tendiente a la restricción ambientalista.

La palabra autorizada

A la hora de indagar sobre aspectos técnicos, la atención se centra sobre un solo organismo que asesoró a todos los proyectos: el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que depende del CONICET.
A pesar de los sectores ambientalistas, el mismo presidente del IANIGLA (Ricardo Villalba) sostiene que “es erróneo decir que es una ley anti-minera”.

En este sentido, Villalba remarca que “no se puede saber si una compañía minera o petrolera está trabajando o no sobre el glaciar”, dada la falta de inventario. Si no se sabe qué hay ni cuanto o dónde, no se debería atacar una actividad productiva.
Sin embargo, el eje de discusión más polémico giraba alrededor de la definición de área periglaciar. El senador Pérez Alsina ilustró muy bien los peligros de uno de los proyectos, cuando dice que el proyecto Bonasso “agrega una definición muy incierta, que puede llegar a determinar que son periglaciares zonas que no tienen nada que ver, como por ejemplo zonas de la puna salteña o jujeña, pudiendo ser una prohibición para actividades hidrocarburíferas”.

¿El final?

El debate estuvo plagado de referencias a la minería más que a los glaciares. Finalmente, el proyecto original de Filmus (con apoyo de los mineros) terminó con prioridad en la Comisión de Ambiente, previo al tratamiento en el recinto del senado. Sin embargo, el proyecto minoritario ambientalista finalmente triunfó y ya es ley.
Aún así, resulta en una ley renga: se sacó el artículo 17 que exigía detener las actividades (incluidas las mineras) en zonas periglaciares hasta que haya un inventario. No hace falta decir que los sectores ecologistas no estuvieron muy contentos.

Algunos Verdaderos y Falsos
 
a) El aumento de temperatura, como consecuencia del cambio climático, produce derretimiento de los glaciares.
FALSO. Menos del 40 % de los glaciares sobre los que hay datos están en retroceso; el resto no se mueve o avanza.

b) No se sabe cuántos, dónde o cómo son los glaciares en Argentina.
VERDADERO. No se puede proteger cuando no sabemos qué tenemos.

c) Las reservas de agua dulce se verían afectadas.
VERDADERO Y FALSO. Como toda actividad, si se hace bien y con controles no contamina.

Fuentes:

– CAPARROS, MARTIN “Contra el cambio”  (2010 – Editorial Anagrama).
– COALICION CIVICA “La punta del iceberg II” (Septiembre 2009).
– EL INTRANSIGENTE (Salta – 20/09/2010)
– FARN “Audiencia Pública en Cámara de Diputados de la Nación” (Marzo 2009).
– GREENPEACE “Futuro negro para los glaciares” (Agosto 2009).
– LA VOZ DEL INTERIOR “Es erróneo decir que es una ley antiminera” (Ago. 2010).
– Servicio mundial de monitoreo de glaciares (WGMS – Septiembre 2010).
– VOCES DE ALERTA “Defendamos nuestra fábrica de agua” (TELAM – Sept. 2010)

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