Fue avalada ayer por la Legislatura rionegrina en primera vuelta, por mayoría, con el objetivo de garantizar la salud integral de las mujeres.
En Río Negro se podrá solicitar la interrupción del embarazo en caso de peligro para la vida o para la salud integral de la mujer, cuando provenga de una violación o de un atentado al pudor de una mujer idiota o demente.
El proyecto fue aprobado ayer en la Legislatura, en primera vuelta y por mayoría, con la finalidad de garantizar el completo bienestar físico, psíquico y social de las mujeres.
El Parlamento avaló la propuesta para regular el procedimiento a llevar a cabo por el personal de salud de los establecimientos asistenciales públicos, privados y de obras sociales del Sistema de Salud de la Provincia de Río Negro, respecto de la atención de abortos no punibles.
Para todos los casos de interrupción voluntaria del embarazo contemplados en esta norma se procederá a la práctica médica en un plazo no mayor de diez días, contados a partir de que es solicitada.
Urgencia
Si se tratare de una situación de alto riesgo para la vida o salud integral de la mujer, la realización de la práctica médica debe proceder con la urgencia que el caso requiera de acuerdo con la opinión del profesional tratante.
Según la iniciativa, para todos los casos se establece como plazo máximo las doce semanas de gestación.
El peligro para la vida o para la salud física o psíquica de una mujer embarazada, causado o agravado por el embarazo, debe ser fehacientemente diagnosticado por el equipo interdisciplinario de profesionales de la salud que corresponda.
Inmediatamente después de haber sido comprobado, el profesional de la salud tratante está obligado a informar a la mujer embarazada, explicándole de manera clara y acorde a su capacidad de comprensión, el diagnóstico y pronóstico del cuadro que la afecta y la posibilidad de interrumpir el embarazo. Debe dejarse constancia en la historia clínica de haber proporcionado la información, así como también de la confirmación de la gestante de haber comprendido la información recibida.
Los establecimientos asistenciales públicos, privados y de obras sociales deben ofrecer asistencia psicológica a la mujer embarazada desde el momento en que solicita la práctica del aborto no punible y hasta su recuperación, gozando de prioridad en la asignación de turnos.
Toda persona, ya sea médico o personal auxiliar del Sistema de Salud, que manifieste objeción de conciencia fundada en razones éticas con respecto a la práctica médica, podrá optar por no participar en la misma, ante lo cual el establecimiento de salud deberá suministrar de inmediato la atención de otro profesional que esté dispuesto a llevar a cabo el procedimiento.
