El subsecretario de Salud del municipio, Carlos Catalá, defendió la postura que mantiene ante la reestructuración que se analiza en el Concejo Deliberante para regular la actividad sexual en Comodoro Rivadavia.
El funcionario reconoció que lo que se busca es acordar una propuesta para reglamentar –en alguna medida– todo aquello relacionado con los “departamentos vip”. El médico a cargo del área municipal indicó que su interés está centrado en la prevención del contagio de enfermedades de transmisión sexual.
El tema preocupa porque el funcionamiento en los departamentos donde se ejerce el servicio sexual no está normado, por lo que “esa chica no tiene la misma normativa que la chica que trabaja en una whiskería que está controlada, y las enfermedades transmisibles pueden adquirirlas ellas como los clientes”.
También Catalá sostuvo que su interés se centra en el tema de salud, pensándolo “desde un amplio concepto, no solo restringido a la ausencia de enfermedad sino contemplando las situaciones que vienen conexas a la prostitución como la droga, la violencia o la misma trata de personas”.
El proyecto original que dio lugar a este debate en la comisión 2 del Concejo fue de Judith Jozami y data del año 2006, pero no logró tener el correspondiente tratamiento parlamentario para hacerse efectivo y convertirse en ordenanza.
Catalá observó que lo mismo ha sucedido en la ciudad con otras problemáticas sociales. “Cuando se intentó en otras gestiones regular el ingreso a boliches, hubo problemas con los dueños; la gente no apoyó la iniciativa y los chicos siguen entrando a la hora que quieren.
Con respecto al tema de las bebidas alcohólicas tampoco hubo mucho por hacer; o sea hay otros intereses y habrá gente que tiene más peso que nosotros, cuestiones económicas metidas en el medio, y debe haber cosas externas que influyen y hacen que un proyecto que tiene que ver con la salud de todos nosotros no se haya podido llevar adelante”, cuestionó.
UN VIEJO DEBATE
En 2006, la entonces concejal Judith Jozami presentó en el Concejo Deliberante un proyecto titulado “Regulación de Servicios Sexuales Retribuidos (sexo protegido)”, en el que proponía, entre otras cosas, la habilitación de una zona roja en la que deberían instalarse todos los comercios en los que se ofreciera sexo, lejos del casco céntrico de la ciudad.
Además, proponía que esos lugares contasen con seguridad privada y que las mismas trabajadoras sexuales sean las encargadas de cobrar por sus servicios, lo que descartaba la figura del proxeneta.
Otro aspecto importante de la propuesta de Jozami era el control médico, periódico y permanente, al que debían someterse las personas que realizasen el servicio.
Sin embargo, la regularización de la prostitución en Argentina depende del Ministerio del Interior de la Nación, por lo que los municipios no cuentan aún con la capacidad legal para establecer un control sobre el comercio sexual. Es por eso que el proyecto de Jozami nunca pudo discutirse en el Concejo Deliberante.
Cuando el año pasado el tema había alcanzado un importante grado de debate en la sociedad comodorense debido a los hechos de violencia, el entonces secretario de Gobierno, Jorge Echelini, habría dicho que “para hablar de prostitución primero hay que hablar de cuáles son las posturas ideológicas vinculadas a lo normativo”.
Recordaba el funcionario la existencia de tres posiciones: prohibir, reglamentar o tolerar. “La Argentina legislativamente se ha inclinado por el sistema de tolerancia, el que dice ‘yo sé que la prostitución existe, no la penalizo salvo cuando la oferta es en la calle (así se penalizaba en su momento) y todo lo que suceda después, yo no me meto, es un negocio privado’”.
