La objeción de conciencia, en el marco de los derechos sexuales y reproductivos es “inconstitucional”, afirmó la ginecóloga y legista Stella Maris Manzano, que realizó el aborto a la niña A.G, cuyo caso generó un fallo de la Corte Suprema de Justicia que ratificó que los abortos no son punibles en casos de violación.
Cuando el Superior Tribunal de Justicia de Chubut autorizó en 2010 la interrupción del embarazo de la nena, Manzano fue la única médica que estuvo dispuesta a hacerlo.
“Hablé mucho con ella, le expliqué el procedimiento, la escuché, con la idea de no revictimizarla, calmando el dolor y la ansiedad”, explicó la médica en diálogo con Télam.
La especialista señaló que “se realizó un aborto farmacológico, utilizando misoprostol, que es lo que se hace siempre, y lo explico para terminar con algunas campañas que dan una idea equivocada de cómo se realiza la intervención” y confirmó que “se guarda material genético en todos los casos”.
Manzano continúa viendo a la adolescente “que está muy bien, con proyectos; es muy madura, está feliz”.
La médica vive en Trelew, Chubut, donde trabaja en centros de salud públicos y como forense judicial con víctimas de violación, por lo que se especializó en medicina legal.
Su tesis versó sobre la inconstitucionalidad de la objeción de conciencia en el marco de los derechos sexuales y reproductivos (DSyR):”Me baso en el artículo 19 de la Constitución Nacional que explica que nuestra autonomía personal sólo se puede ejercer si no perjudica a terceros”.
“Los objetores nos perjudican a las mujeres impidiendo nuestra igualdad de acceso a los servicios de salud, inclusive, a los de planificación familiar”.
Esto, porque la posibilidad de objetar contempla a todo el personal de salud y todas las prácticas, desde la indicación o expendio de anticonceptivos hasta el aborto.
El abogado Marcelo Alegre, que se especializó en la temática, definió la objeción como “la alegación de un derecho a no realizar conductas que repelen a la propia conciencia”.
En Argentina, las distintas legislaciones nacionales y provinciales sobre salud sexual y reproductiva, excepto la de La Pampa, permiten al personal de salud objetar en estas prácticas
“No pueden ejercer la medicina en las esferas que tengan que ver con ella quienes tengan objeciones a respetar la autonomía femenina”, afirmó Manzano.
“No es ético ni moral continuar tratando a las mujeres como ciudadanas de segunda clase, incluso en su derecho a la vida y a la salud. Si los derechos no-reproductivos son derechos humanos, deben ser respetados universalmente” enfatizó.
Por su parte, Alegre consideró que el fallo de la Corte Suprema “no deja resquicios para que los objetores afecten el acceso de las pacientes”.
“El fallo desconoce la llamada objeción institucional, y por el contrario, exige al Estado y a las instituciones garantizar el acceso a las prestaciones de salud sexual y reproductiva sin derivaciones ni demoras”, agregó.
Para Alegre, esta decisión judicial “pone fin a distintas maniobras dilatorias, como el uso de comités de ética, la judicialización o la objeción obstructiva”.
El abogado consideró que la objeción es factible “siempre que esté garantizado el acceso rápido, sencillo -“sin derivaciones ni demoras” en palabras de la Corte Suprema- a los derechos sexuales y reproductivos. La objeción no es excusa para obstruir derechos humanos”.
En el informe “Objeción de conciencia y salud sexual y reproductiva”, el abogado sostuvo que “la objeción de conciencia, a veces, es opresión a conciencia”.
“Es una excusa para montar barreras al acceso de derechos humanos, para oponerse a políticas públicas democráticas, para imponer visiones éticas a las pacientes -que en general están en una relación de subordinación con los médicos- o, peor, para imponer a las pacientes una visión religiosa”, manifestó.
