Una de las típicas conductas asociadas con los desequilibrios emocionales y la dependencia alcohólica es la negación de los hechos cometidos durante la intoxicación etílica o el episodio neurótico.
Emilio González, quien protagonizó la semana pasada un vergonzoso desaguisado en el domicilio particular del no menos desvergonzado capo Raúl Padilla, se niega a aclarar de cara a los jaliscienses el motivo que lo llevó a cometer tan bajo y rastrero acto.
Tampoco se han conocido los acuerdos (si los hubo), lo que abona más a la teoría de que sólo se trató de un arrebato propio de un borracho.
Ya sea a iniciativa propia o a sugerencia de algún “iluminado” asesor, el resultado es el mismo: el desprestigio de la política como principal instrumento de entendimiento y mediación, y la degradación de la institución gubernamental para arrastrarla entre las cloacas donde se conduce y opera el autonombrado líder del grupo universidad.
Seguramente no fue Fernando Guzmán quien incitó el atropellado encuentro, sino al contrario, toda vez que ha trascendido que los propios escoltas del Ejecutivo tuvieron que llamar al Secretario General de Gobierno para que sacara literalmente a Emilio González de la casa de Raúl Padilla y enmendara, si es que había algo que hacer ante tan pusilánime escena.
Después de la trasnochada, y con la resaca a cuestas, Emilio González y el rector Marco Antonio Cortés Guardado aceptaron la mediación del “brillante” Alonso Lujambio, quien de inmediato encontró la solución: mesas de diálogo.
Ante tan contundente solución reforzada con las fotografías en primer plano donde Emilio y Marco Antonio Cortés fingen cordial acercamiento, el resultado es evidente: se ha incrementado la incertidumbre en la solución del conflicto, pero también las exigencias de ambas partes, que se disputan los principales espacios mediáticos locales y hasta nacionales para sostener sus argumentos -a costa en los dos casos- del erario público.
Sería interesante saber cuánto dinero han gastado en la promoción y publicidad de sus posturas, de qué partidas lo están erogando y de qué forma lo van a justificar cuando el fondo del asunto tiene que ver con un dinero que una parte dice le corresponde, porque ya no tiene, y la otra lo niega, porque no tiene.
Es evidente que ambas partes pierden, porque, por un lado, continuar sacando estudiantes a las calles como medida de presión significa que la universidad pública descuida su tarea fundamental al distraer a los alumnos y dejar de impartir clases. Por otro lado, un gobierno improvisado e incapaz de poner orden no cumple con propiciar y mantener las condiciones que garanticen el acceso a la educación superior.
Hay voces en la Universidad de Guadalajara para dejar de lado la modorra y exigir cuentas claras, terminar con los cazicazgos y desmarcar las actividades parauniversitaras de las académicas; falta ver si en el gobierno del estado alguien tiene los arrestos para aprovechar la coyuntura y terminar con el yugo padillista de una buena vez.
