Así lo evaluaron funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación, en el marco de las jornadas “Decisiones, derechos y deseos. Avances y desafíos en políticas de salud sexual y reproductiva”, donde se expone un balance de ocho años de políticas en la materia.
A ocho años de la aprobación de la Ley que aseguró la anticoncepción gratuita y universal en el país, funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación presentaron el libro “Políticas de Salud Sexual y Salud Reproductiva. Avances y desafíos. Balance 2003-2011″, donde entre otras acciones se destaca un aumento en la distribución de anticonceptivos de más del 322 por ciento en un año, y el hecho de que el 90 por ciento de los efectores de salud tienen servicios de salud sexual y reproductiva.
Los datos se vuelven más significativos si se considera el devenir de estas políticas: durante la dictadura militar los anticonceptivos estuvieron prohibidos, en la democracia salieron del oscurantismo pero estaban disponibles sólo para quienes podían comprarlos, en el año 2002 el Congreso de la Nación aprobó la ley 25.673 que aseguró la anticoncepción gratuita y universal y recién en el 2003 se creó, en el Ministerio de Salud, el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable.
“Hay un compromiso enorme del Ministerio de Salud en concretar todos los derechos sexuales. El trabajo es mucho. No podemos estar un segundo en nuestras oficinas. Hasta acá llegamos, de acá no retrocedemos”, indicó Guillermo González Prieto, subsecretario de Salud Comunitaria de la cartera sanitaria, quien encabezó un acto formal en el salón Carrillo de la cartera sanitaria nacional.
En la reunión estuvo encabezada además por la Coordinadora del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, Paula Ferro, y participaron también funcionarios del Ministerio de Educación, del Consejo Nacional de las Mujeres y referentes de los equipos de salud de provincias como La Pampa, Jujuy y Neuquén. También estuvo presente la diputada nacional Diana Conti, la oficial de enlace del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Eleonora Faur, y representantes de organizaciones de la sociedad civil.
