Equipos del Ministerio de Salud participaron en el Chaco del lanzamiento de una estrategia interministerial que dará atención sanitaria de las personas privadas de libertad, de los liberados y de sus familias.
El 12 de mayo último, la provincia del Chaco adhirió al Convenio Marco de Cooperación y Asistencia con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y las carteras de Salud y Desarrollo Social nacionales.
El objetivo es mejorar las políticas integrales en materia de salud, en beneficio de las personas privadas de su libertad así como de quienes egresen de las unidades de detención locales.
Del encuentro participaron la directora de Medicina Comunitaria del Ministerio de Salud de la Nación, Silvia Báez Rocha; y Martín Vázquez Acuña, asesor de la Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas en Materia de Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Delincuencia Organizada Transnacional y la Corrupción de la Jefatura de Gabinete de la Nación; además de autoridades del Servicio Penitenciario Federal de la Provincia, entre otros.
En tanto, para hoy están previstas mesas de trabajo entre los integrantes del Servicio Penitenciario, de los Ministerios de Salud de la provincia y de la Nación para establecer necesidades, formas de coordinación y colaboración, establecimiento de protocolos de atención y cronograma de actividades a realizar en cogestión durante el período 2011/2012.
Luego firmarán el Acta Acuerdo de los compromisos asumidos.
Cabe destacar que el Convenio “Justicia con Salud, Salud para Incluir” fue firmado en julio de 2008 por la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, junto a los ministros de Salud, Desarrollo Social y Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.
En ese marco, la Unidad Coordinadora de Salud en Contextos de Encierro, dependiente de la Dirección de Medicina Comunitaria de la cartera sanitaria nacional, es la encargada de coordinar y promover las acciones en los servicios penitenciarios provinciales.
En ese espacio confluyen los distintos programas y áreas (Control de la Tuberculosis, Salud Sexual y Procreación Responsable, Prevención de Cáncer Cérvico uterino, Remediar, Salud Mental y Adicciones, VIH/SIDA y Maternidad e Infancia) que trabajan desde el convenio marco para garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de su libertad.
