Así lo registró el Programa de Salud Reproductiva entre el 2004 y el 2010. Las ligaduras de trompas se duplicaron en un año.
En medio de una semana con debates públicos, conferencias y abrazo simbólico en pos de la anticoncepción y la legalización del aborto, este diario accedió a un dato clave: en el período 2004/2010 disminuyó casi 25% la cantidad de abortos mal hechos, que terminan tratándose en hospitales públicos de Mendoza.
Así lo revela el registro del Programa Provincial de Salud Reproductiva, cuyo dato se basa en el relevamiento anual de las 13 maternidades estatales que reciben a mujeres que quisieron interrumpir su embarazo y llegaron con alto riesgo de muerte al centro asistencial, tras un aborto mal hecho. En el 2004 se registraron 3.440 egresos por aborto. La cifra disminuyó de forma progresiva hasta el 2010, cuando hubo un total de 2.593 egresos. Es decir, casi 900 mujeres menos arribaron con un aborto incompleto a un hospital.
MÁS LIGADURAS Y VASECTOMÍAS.
La disminución se debería al éxito en la implementación de métodos anticonceptivos, según evalúa Alicia Motta, directora de Salud Reproductiva de la Provincia. “La mujer recurre menos a prácticas abortivas de alto riesgo porque utiliza más los métodos anticonceptivos. Afortunadamente, cada vez hay menos barreras morales en las mujeres y en el cuerpo médico para este abordaje”, afirmó Motta.
Desde el Gobierno deducen que los anticoncepción quirúrgica, como ligaduras tubarias (o de trompas de Falopio) y vasectomía, en el caso de los hombres, sería la causa principal de la merma en prácticas abortivas. Según registros oficiales, se duplicó la ligadura de trompas en efectores públicos durante los dos últimos años. Hubo 463 intervenciones en el 2009, mientras en el 2010 fueron 924.
“Se han ido rompiendo barreras gracias a las capacitaciones de los equipos de salud. Hay menos desconocimiento o temor a leyes punitivas con respecto a la ligadura”, evaluó la funcionaria. Esta práctica se comenzó a implementar cuando se aprobó la Ley Nacional de Anticoncepción Quirúrgica, en el 2000. Hasta el 2007 hubo 2.000 ligaduras. Al año siguiente hubo “problemas en el sistema y no se relevó bien la información”, admitió Motta. En el caso de la vasectomía, el sistema de Salud Pública registró 40 en los últimos tres años.
“Hay provincias en la que esa práctica no supera los tres casos. Superamos ampliamente la media nacional y habla de un avance en igualdad de género”, indicó la titular de Salud Reproductiva.
EL “SUBREGISTRO”.
No obstante, las cifras sólo responden a un registro oficial que omite los abortos que nunca llegan a un efector público y se realizan en una casa particular o en clínicas privadas. Se trata de un “subregistro”, tal como lo califica Sara Pappa, directora del Hospital Universitario y experta en Maternidad.
“Justamente, la falta de cifras reales y totales se debe a que aún el aborto no está despenalizado ni legalizado. Las mujeres, por temor a ser castigadas, llegan en estado muy grave al hospital”, señaló Pappa. De hecho, muchas mujeres mueren en el intento y no llegan a salvarse de la situación de riesgo.
Según cifras oficiales, el aborto terminado en centros de salud públicos representa 28% en las causas por muerte materna en la provincia. “Hay que tomar una decisión política desde el Ministerio de Salud para tratar el tema de la mortalidad materna y, además, una de sus causas más importantes: el aborto”, reflexionó la ex directora del Lagomaggiore.
Graciela Cousinet, socióloga y experta en temas de género, respecto de los datos oficiales aseguró que reflejan un avance para la mujer mendocina. “Quizás, el tema de la Ley de Salud Reproductiva está dando resultados y hemos logrado hacer una realidad al menos de una parte de nuestro emblema: métodos anticonceptivos para no abortar; aborto legal para no morir”, recordó la especialista, quien días atrás se mostró también crítica con el Gobierno sobre este tema.
“Para la ligadura de trompas se dan pocos turnos. Son muy pocas las mujeres que acceden, porque no pueden pagar. Es un sistema en el que la mujer está empujada a llegar a un aborto. Hay falta de condones, hay que hacer cola y las menores de edad van a acompañadas de sus madres. Es muy hipócrita todo”, disparó Cousinet.
ABORTO LEGAL, LIBRE Y GRATUITO.
A nivel nacional se estima que hay unos 450 mil abortos por año y que serían unos 80 mil los casos de mujeres que llegan en graves condiciones a los hospitales del Estado. El proyecto de ley que impulsan las organizaciones locales a favor de la legalización no sólo reclama el derecho de poder abortar, sino que, además, plantea que la legalización debe garantizar el servicio de médicos, enfermeros y hasta insumos para interrumpir el embarazo, en “condiciones dignas y no humillantes para la mujer”.
Asimismo, incluye la imposibilidad de que los médicos se nieguen a practicarlo bajo el argumento de objeción de conciencia, motivo que los movimientos de DDHH consideran que no puede estar por encima de la ley. El proyecto también alcanzaría a los centros hospitalarios privados, del servicio de las obras sociales. También platea que debe ser gratuito y, en todo, caso costeado por las mutuales como cualquier otra cirugía. “Los médicos necesitan salvar vidas y ya no se cuestionan si la mujer quiso abortar o no. Hemos avanzado en ese tema”, completó Sara Pappa.
Ocho condenas contra mujeres por interrumpir su embarazo
Según el reciente informe 2011 del Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS), Mendoza es una de las provincias donde más condenas hubo contra mujeres que se practicaron abortos. De acuerdo con el documento, hubo ocho féminas en condición punitiva por abortar en el período que va entre 1996 y el 2009. En tanto, el CELS, que recoge la información de todo el país sobre las prácticas públicas en derechos humanos, establece que ni médicos ni parteras que intervinieron en los abortos recibieron castigo, sino que fue la mujer que deseó abortar la única condenada.
El último informe del CELS destaca que aquí se condena a las mujeres por aborto pero no a los médicos que lo hacen. De acuerdo con los datos obtenidos por el CELS, entre el 2002 y el 2008 apenas 22 mujeres fueron condenadas en todo el país por el delito de aborto. Sólo en la provincia de Mendoza, en el período 1996-2009, se dictaron ocho condenas a mujeres. Las organizaciones proabortistas argumentan que la sanción penal no ha servido porque no sólo no ha frenado la práctica sino que empuja a las mujeres a la clandestinidad.
En el área de Salud Reproductiva desconocían este tema y ratificaron su trabajo en pos del “aborto no punible” y atender a la mujer que llega al hospital “sin barreras morales”. En este sentido, dicen, fue vital la implementación de la Guía Nacional para el Tratamiento y Atención del Aborto no Punible, que se ampara en el artículo 86 del Código Penal. El mismo establece que las mujeres que sufren algún tipo de abuso tienen derecho a abortar.
Para Alicia Motta, directora de Salud Reproductiva de la Provincia, “lo importante es seguir avanzando en el objetivo principal, que es prevenir el embarazo no deseado”. ¿El objetivo? Disminuir la mortalidad materna y, al fin, respetar la decisión de la mujer.
