La Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró su preocupación por las consecuencias de la penalización del aborto en la Argentina, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene en carpeta dictar jurisprudencia sobre la aplicación de los casos de interrupción voluntaria del embarazo contemplados por la ley.
En años electorales la palabra aborto intenta silenciarse como si fuera una invitada incómoda en la mesa de las ofertas de campaña. Sin embargo, en el 2011, la pelea por la despenalización del aborto no está frenada. Y, además, recibió un histórico respaldo: el 28 de marzo de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó, en una reunión –convocada en Washington– que los Estados de América latina y el Caribe deberían eliminar la sanción penal para la interrupción del embarazo con el fin de garantizar el derecho a la salud de las mujeres.
La audiencia en donde la despenalización del aborto quedó asentada como parte de los derechos humanos de las mujeres fue pedida por doce organizaciones latinoamericanas y entre los y las referentes (de Nicaragua, República Dominicana, El Salvador y México) se encontraba Mariela Belski, coordinadora institucional de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), en representación también del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes).
Belski es abogada y tiene un master en Derechos humanos en la Universidad Essex, Inglaterra. “Pedimos la audiencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sin pensar que nos iban a recibir y, para sorpresa nuestra, tuvimos una muy buena recepción. Nos dijeron que la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo era un tema muy relevante y que preocupa a la comisión”, relata la abogada, que transmite la satisfacción por la respuesta de los comisionados Dinah Shelton (presidenta de la CIDH), José de Jesús Orozco Henríquez, María Silva Gillén y la relatora sobre los Derechos de la Mujer, Luz Patricia Mejía Guerrero.
“Una de las relatoras nos dijo que no podía ser que las iglesias siguieran siendo un obstáculo en la región para que avance la despenalización del aborto y que, como consecuencia, sigan muriendo mujeres. Eso fue super interesante. La CIDH es un organismo moderado que cuando dice algo va para toda la región. Por eso, estas declaraciones son muy trascendentes y además le muestran a la Argentina que tiene que escuchar lo que dicen los organismos internacionales”, remarca.
Pero además del logro en el ámbito internacional, ADC también sentó su postura a favor de la despenalización del aborto y participa, junto a otras entidades, de la fundamentación jurídica para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronuncie, en el caso de A. G. (una niña de 15 años que fue violada por su padrastro y tuvo que pedir permiso para abortar, el 15 de marzo del 2010, en Chubut) para que los abortos no punibles se realicen sin necesidad de judicializar cada caso. “Es una oportunidad histórica”, resalta Alvaro Herrero, director ejecutivo de la Asociación de Derechos Civiles (ADC), abogado, master en Estudios Latinoamericanos y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford.
Belski explica: “Presentamos un amicus curiae (un recurso llamado “amigos del tribunal”), para poder participar de la causa de A. G., en la Corte, junto a alrededor de veinte organizaciones. Nos dividimos entre todas para que cada una aporte distintos tipos de argumentos. Nosotros tomamos la temática de discriminación y autonomía: el derecho a decidir sobre el cuerpo. El Estado no debería interferir en la decisión de si una mujer quiere o no abortar. Mientras que también se da una situación de discriminación porque las mujeres pobres terminan recurriendo a un sistema perverso”.
