La jefa del Estado firmó un decreto por el cual se concluyó con las tareas que el juez federal Norberto Oyarbide le encomendó al Poder Ejecutivo. Sobre la obra social pesa una investigación por falsificación, adulteración y provisión irregular de medicamentos.
La presidenta Cristina Fernández dispuso hoy el cese formal de la intervención de la Obra Social Bancaria Argentina, ya que se cumplió con las tareas que habían sido determinadas por el juez federal Norberto Oyarbide el 14 de septiembre de 2009.
El cese fue ordenado a través del decreto 2070, publicada hoy en el Boletín Oficial, ya que como precisa el texto “se han llevado a cabo numerosas tareas de reestructuración que han derivado en la normalización del funcionamiento de la Obra Social citada, tanto en la faz interna, como en la atención a los afiliados”
La obra social del sindicato había sido investigada por delitos como falsificación, adulteración y provisión irregular de medicamentos. Por ello, Oyarbide pidió la intervención del Poder Ejecutivo Nacional, que estuvo a cargo del interventor Pedro Ferrara.
Entre los objetivos cumplidos, el decreto destaca el de la implementación de una oficina móvil de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dentro del Policlínico Bancario, la cual funcionó verificando la medicación que se entregaba en el lugar.
También, se acordó con la industria farmacéutica su participación en la provisión de la medicación de alto costo y baja incidencia, como así también, el expendio de los medicamentos ambulatorios a través de una amplia red de farmacias ligadas a ellas que asegurara la trazabilidad de los fármacos.
Con respecto a las prestaciones médicas, se anularon los contratos capitados, por haberse constatado la deficiencia de los mismos y el alto grado de insatisfacción de los beneficiarios —ya que existía una demanda contenida prestacional de más de un año—, y se pasó a la contratación directa de los prestadores.
En el plano económico, se realizó una convocatoria de acreedores en la cual se presentaron a verificar más de 1000 firmas, reclamando una deuda mayor a 600 millones de pesos.
En lo atinente a servicios propios (Policlínico Bancario), se realizaron compras de insumos por licitación, lo cual derivó en una disminución en los costos y mejora de la calidad. Por otra parte, se realizaron trabajos de infraestructura que garantizaron la seguridad de la institución y compra de equipamiento para las áreas críticas de la misma.
Además, se encuentra en marcha la reconversión administrativa, mejorando con estas herramientas la relación con la Superintendencia de Seguridad Social.
