“El mayor aumento de la demanda la detectamos en Brasil, con un 108 por ciento; seguido de Ecuador, de 107,7 por ciento, y Venezuela, con un 93,3 por ciento”, detalló en comunicación telefónica desde Holanda Leticia Zenevich, miembro de la organización Women on Web, una organización global que proporciona información sobre abortos seguros con pastillas.
Zenevich señaló que “la idea de realizar el estudio surgió de la necesidad de comprobar estadísticamente el vínculo entre zika y demanda de un aborto seguro, ya que la mayoría de los países donde el virus es una epidemia, son lugares donde el aborto se encuentra penalizado”.
“El problema que vemos es que no se ha analizado el impacto del virus en la salud reproductiva de las mujeres. Y aquí vuelven a estar más expuestas las mujeres de sectores más vulnerables, porque en todo el mundo, la que muere por practicar un aborto inseguro es la mujer pobre”, sostuvo Zenevich.
Desde 2015, el virus Zika -transmitido principalmente por la picadura del mosquito Aedes Aegypti, aunque se han registrado casos de transmisión sexual- afecta a la mayoría de los países de América Latina y el Caribe y en febrero de 2016, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una emergencia sanitaria global por este virus. Para 2017 el organismo estimó que el virus afectará a 4 millones de personas.
Desde entonces, distintos estudios han demostrado que en las mujeres embarazadas que contraen el virus, los fetos han desarrollado microcefalia (un problema en el desarrollo del cerebro).
En abril de 2016, la OMS/OPS realizó un llamado a incorporar al zika en la agenda de la salud reproductiva de la región: “Estas enfermedades son expresión inequívoca de las desigualdades e inequidades sociales. No casualmente las más afectadas son las poblaciones vulneradas, mujeres pobres y de grupos étnicos expuestos”, indicó en ese momento en un comunicado Ariel Karolinski, consultor en Salud de la Mujer y Perinatal de la OMS.
Y añadió que “por ello debe abordarse el problema desde el marco teórico de los determinantes sociales, desde una perspectiva de curso de vida, y contemplando aspectos de derechos, equidad, género y etnicidad”.
“Así, se deben focalizar acciones en la etapa inicial del proceso reproductivo, garantizando acceso a métodos anticonceptivos modernos para evitar embarazos no planificados”, señaló Karolinski.
Por su parte, Zenevich aseguró que “hemos tenido muchos testimonios de mujeres que fueron abandonadas por sus parejas en Brasil tras conocer que su hijo iba a tener microcefalia. Las mujeres quedan solas, sin contención integral de parte del Estado, y la discapacidad de un hijo potencia a su vez la situación de pobreza”.
Según la OMS, cada dos días muere una mujer en Brasil como resultado de las más de 800.000 abortos ilegales al año. En este país, la ley permite la interrupción del embarazo en caso de riesgo para la salud de la madre, violación, o cuando el feto es anencefálico.
En referencia al estudio, la integrante de Women on Web indicó que “las leyes de aborto restrictivas en toda la región hacen que sea difícil obtener datos precisos sobre el número de mujeres que lo demandan”.
Para sortear este obstáculo, los investigadores recolectaron datos de Women on Web entre 2010 y 2016 de 19 países diferentes de Latinoamérica y el Caribe y compararon las solicitudes de pedidos de aborto seguro de la etapa anterior al alerta epidemiológico sobre zika (el 17 de noviembre de 2015) con el periodo posterior.
“En los países donde hay transmisión local de Zika y que se emitieran advertencias sanitarias públicas para las mujeres, los resultados mostraron un aumento sustancial de las tendencias de base en las solicitudes de aborto en el período post-Zika”, aseveró el informe.
“Esta investigación nos ayuda a entender cómo, después de las declaraciones oficiales del gobierno, las preocupaciones sobre el Zika afectaron la vida de las mujeres embarazadas en la región. El estudio también relieve la falta de autonomía reproductiva a los que se someten a estas mujeres”, indicó por su parte Abigail Aiken, Profesora Adjunta de Asuntos Públicos de la Universidad de Texas en Austin y autora principal del estudio.
“Los resultados de este estudio fueron muy contundentes. Necesitamos por un lado más investigaciones sobre la temática. Y por el otro lado que el Estado promueva acciones de apoyo integral a las mujeres, ya sea que decida interrumpir el embarazo, o bien que quiera continuarlo”, concluyó Zenevich.
