Entre Ríos no se abrió aún un listado de médicos que se nieguen a realizar prácticas vinculadas con la salud sexual y reproductiva, por lo que al personal en hospitales públicos lo ciernen las dudas ante esas situaciones. En Santa Fe se decidió regular e instituir un registro de objetores que es de público acceso
Entre Ríos tiene su protocolo de abortos no punibles pero aún los médicos tienen dudas en torno a cómo proceder en caso de que una mujer solicite en un hospital público practicarse este tipo de intervención, es decir, la interrupción de un embarazo porque pone en riesgo su vida o fue producto de una violación.
Por otra parte, hay médicos que trabajan en la salud pública que aducen cuestiones vinculadas con las creencias religiosas o convicciones morales para negarse a realizar esta u otras prácticas relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos, como la ligadura tubaria.
De estos temas, justamente, se habló en un panel “Objeción de conciencia en salud reproductiva: registro de objetores y aspectos jurídicos” en las V Jornadas Científicas del Hospital San Roque, del que participaron Liliana García, del hospital materno infantil de Paraná; Daniel Teppaz, tocoginecólogo, director de Políticas de Género e Interculturalidad de Santa Fe; y Lucila Puyol, abogada de los familiares de Ana María Acevedo, muerta en el Hospital Iturraspe de la vecina capital porque los médicos se negaron a practicarle un aborto terapéutico. El panel fue coordinado por la obstetra Carolina Comaleras, miembro del Consorcio Nacional por los Derechos Reproductivos y Sexuales (Conders) Entre Ríos.
Preguntas.
¿Por qué el Estado debe abrir un registro de médicos que se nieguen a realizar a realizar abortos no punibles en los hospitales? ¿Puede un médico que trabaje para el Estado negarse a indicar anticoncepción oral de emergencia (AOE) o a realizar una ligadura tubaria?
En Entre Ríos, el protocolo sobre aborto –aprobado por resolución 974 de 2012– prevé la objeción de conciencia pero no establece la apertura de un registro de objetores, sino que permite que el médico que recibe a la mujer pueda negarse a realizarle la interrupción del embarazo en ese mismo momento o inmediatamente después. Los expertos sostienen que esto puede dilatar u obstaculizar la realización de la práctica y poner en riesgo la confidencialidad y la privacidad de la mujer.
Liliana García, médica obstetra de planta del Hospital San Roque, abrió el debate planteando un interrogante concreto, ante la posibilidad de que se presente una mujer en la maternidad solicitando un aborto no punible.
“Tenemos muy poca información respecto de este tema, poco conocimiento acerca de cómo se regula una situación de este tipo”, reconoció la médica. Sucede que en Entre Ríos “no hay listado de objetores, no hay nada en concreto”, planteó.
Esta situación es grave ya que existe el protocolo del Ministerio de Salud provincial –que instituye una serie de pasos a seguir en el caso de que se presente una mujer solicitando un aborto no punible– pero en los hechos nadie sabe muy bien qué hacer en las maternidades y centros de salud de la provincia.
En Santa Fe.
Teppaz, director de Políticas de Género de Santa Fe, se refirió al manejo del protocolo de abortos no punibles en esa provincia y fundamentó la decisión institucional de abrir un registro de objetores de conciencia que es público y donde deben anotarse los médicos que por razones confesionales o por convicciones morales se nieguen a realizar abortos no punibles o a prestar otros servicios de salud contemplados en la ley provincial de salud sexual y reproductiva (Nº 11.888/01). Esta ley consagra asimismo el derecho a formular la objeción de conciencia por parte de los profesionales.
En 2010 Santa Fe decidió llevar adelante el registro para un objetivo de “saber quién era quién con respecto a las prácticas que el Estado debe llevar adelante”, señaló Teppaz y para evitar que un profesional “por sus creencias, entorpezca desde el centro de salud el acceso a un derecho”, afirmó.
“¿Por qué regular la objeción de conciencia? Porque como Estado no podemos ser objetores, debemos respetar un derecho humano (el derecho a la salud sexual y reproductiva). Sin regulación, podemos estar vulnerando derechos”, sostuvo el funcionario santafesino. Aclaró que el registro es público “para evitar que un médico sea objetor en la salud pública porque le conviene, y no en la parte privada”, indicó Teppaz.
Con fundamentos.
El objetor debe fundamentar su negativa: las razones que el Estado acepta son razones de convicción moral o por creencias religiosas. No se aceptan argumentos sin fundamento científico. “No puede ser objetor alguien que sostenga que la AOE (pastilla del día después) es abortiva”, ejemplificó.
Finalmente, explicó que en Santa Fe los objetores tienen “el deber de derivar” con una referencia concreta: es decir, deben mencionar dónde y con qué profesional debe atenderse la mujer; en tanto las enfermeras objetoras “no pueden dejar de atender una emergencia, ni negarse a atender a la mujer en los momentos previos o posteriores a la intervención quirúrgica”, precisó.
“Hablamos de objeción sin obstrucción. El Estado no puede ser objetor”, insistió finalmente el director de Políticas de Género de Santa Fe.
Procesan a médicos por dejar morir a una mujer
Recientemente, la Justicia de Santa Fe dictó el procesamiento de quienes eran director, jefe de Oncología y jefe de Ginecología del Hospital Iturraspe, por “lesiones graves culposas e incumplimiento de los deberes de funcionario público” en la causa por el fallecimiento de Ana María Acevedo en 2007, muerta de cáncer tras la negativa de los médicos a realizarle el tratamiento correspondiente a su enfermedad, por estar embarazada.
Correspondía en ese caso un aborto terapéutico, regulado por el artículo 86º inciso1 del Código Penal: el aborto no es punible cuando corre riesgo la vida de la mujer. “Es el primer caso en el país donde los médicos son procesados por no cumplir con un aborto legal”, sostuvo Lucila Puyol, abogada de los padres de Ana María, que formó parte del panel sobre objeción de conciencia realizado en las V Jornadas Científicas del Hospital San Roque de Paraná.
El caso.
A mediados de 2006, Ana María, 19 años, madre de 3 niños, residente en Vera, una localidad del Norte de la provincia de Santa Fe, empezó a tener dolores en la zona de la boca. Pertenecía a una familia muy humilde, y trabajaba en limpieza. No había podido terminar la escuela primaria y tenía múltiples dificultades relacionadas con la comunicación, es decir, no podía entablar una relación de igual a igual con un médico.
Durante cinco meses la trataron en Vera por dolores odontológicos. Luego, los padres lograron la derivación a un centro de mayor complejidad. En el Hospital Cullen le diagnosticaron un tumor maxilar y se lo extirparon en noviembre de 2006. Luego, fue enviada al hospital Iturraspe para realizarse el tratamiento de quimio y radioterapia. En los análisis salió que estaba embarazada, sin saco gestacional.
No se le realizó el tratamiento. En diciembre la devolvieron a la ciudad de Vera para que regresara en marzo al Iturraspe. “Hay que destacar la falta de información que tuvieron ella y su familia. Ella era menor de edad, debieron haber informado a sus padres y en todo caso que su familia decidiera. Estaban en situación de pobreza, vulnerabilidad, no tenían dónde alojarse en Santa Fe, los padres dormían en los pasillos del hospital, no tenían qué comer”, contó Puyol.
Dolor.
En febrero de 2007, Ana María vuelve al Iturraspe con una deformación en la cara e intensos dolores. Los médicos deciden que no la pueden tratar porque estaba embarazada. El director del Hospital les dijo que era imposible realizarle un aborto “porque está prohibido. Vamos a ir todos presos”.
Entonces los médicos deciden que se lleve el caso al comité de bioética del hospital. El jefe de Oncología dice en ese ámbito “que el tratamiento está contraindicado porque cursa embarazo”. Deciden dejar en suspenso el tratamiento. En otra parte del acta uno de los médicos expresa que “se está tratando el dolor pero no se combate la enfermedad”. En algún momento el comité debatió el aborto terapéutico, según consta en el acta, pero se descartó “por convicciones religiosas de este hospital y de Santa Fe. En ningún momento se planteó una cuestión científica ni una mirada crítica”, señaló la abogada. “Eso fue lapidario para Ana María.
Les hicieron firmar el acta a una trabajadora social y a una enfermera. Los médicos no firmaron”.
Muerte.
“Ana María fue obligada a continuar con su embarazo. En abril de 2007 (22-23 semanas) debieron hacerle una cesárea, con diagnóstico de insuficiencia respiratoria y falla en los órganos internos. La historia clínica indica estado pre mortem. Nació una niña que vivió 17 horas. Después Ana María recibió dos sesiones de quimioterapia. Murió el 17 de mayo de 2007”, narró Puyol.
“Este es un caso testigo por la falta de información, por la falta de derecho, por no poder pensar más allá de las convicciones en la vida del otro. Por eso decidimos llevar el caso a una causa penal. Hoy están procesados quien era director del Hospital en ese momento, quien era jefe de Oncología y el jefe de Ginecología (que continúa), por lesiones graves culposas e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, finalizó Lucila Puyol, representante de los padres de Ana María Acevedo.
370
370 Objeciones recibió la provincia de Santa Fe cuando abrió en 2010 el registro de profesionales objetores de conciencia en salud sexual y reproductiva. Se anotaron ginecólogos, pediatras, enfermeras.
El 50,8% de esas objeciones fueron consideradas inválidas por varias causas: porque no tenían motivación; sus motivaciones eran inaceptables (para Santa Fe, nadie puede ser objetor “por razones personales”); y porque evidenciaban desinformación (desconocían normas legales o datos científicos).
La prestación más objetada fue el aborto no punible, seguían los objetores a la AOE, los que se niegan a atender menores de edad, y los que no quieren realizar ligaduras tubarias, publicó EL DIARIO.
