La Justicia federal hizo lugar a una medida cautelar presentada por las cámaras mineras y gremios del sector y dejó en stand-by la norma aprobada por el Congreso en octubre. Para Greenpeace, el fallo es arbitrario.
La Justicia Federal de San Juan suspendió ayer la aplicación en la provincia de la Ley de Glaciares, sancionada recientemente en el Congreso Nacional, al hacer lugar a un recurso presentado ayer por cámaras mineras y gremios del sector.
Así lo informaron este mediodía representantes de las empresas mineras locales, quienes precisaron que el juez federal Miguel Ángel Gálvez ordenó que no se aplique en territorio sanjuanino la “Ley 26.639, de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”.
La medida cautelar suspende los efectos de la norma hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva el tema de fondo y se expida sobre su supuesta inconstitucionalidad, precisó Jaime Bergé, presidente de la Cámara Minera de San Juan.
El directivo aseguró a la prensa en la puerta de los Tribunales Federales que su sector va a “pelear hasta las últimas consecuencias” porque considera que la Nación “no puede legislar sobre los recursos naturales, sobre los que la provincia tiene potestad absoluta”.
“San Juan tiene una ley de protección de glaciares, han sido evaluados los proyectos mineros, y están todos los glaciares de San Juan relevados y en un mapa”, precisó el directivo minero.
En ese sentido, insistió en que la provincia ha hecho “los deberes y por lo tanto la Nación no tiene por qué legislar sobre algo que no le corresponde”.
Bergé dijo que ahora esperarán que la Corte Suprema defina sobre el pedido de inconstitucionalidad formulado en la presentación judicial ingresada ayer.
“La Nación tiene tradición en avasallar a las provincias, esta puede ser una vez más, pero vamos a defendernos con lo argumentos que tenemos, que son sólidos”, sostuvo el empresario.
Por su parte, el abogado de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Javier Cámpora, interpretó el fallo como “un reconocimiento a las autonomías provinciales”.
“Quiero resaltar la unión entre trabajadores y empresarios que, dejando de lado sus diferencias, se han unido para trabajar por San Juan”, manifestó el letrado del gremio minero. Luego, ante una pregunta, Cámpora reconoció que el gobernador José Luis Gioja respaldó que empresas y gremios se presentaran ante la Justicia.
“El nos pidió esto, que no lo dejáramos solo, porque entiende que este no es un tema de la industria minera, sino de todos los sanjuaninos”, señaló el abogado. La Ley de Glaciares 26.639, sancionada el pasado 20 de setiembre, quedó promulgada el jueves pasado con su publicación en el Boletín Oficial.
Ese día, el senador kirchnerista Daniel Filmus, uno de los impulsores de la iniciativa, expresó su satisfacción y recordó que “era necesario que la Argentina contará con una ley que proteja las reservas de agua para nosotros, para nuestros hijos y para las futuras generaciones”.
Bronca de Greenpeace
La organización ambientalista Greempeace, una de las máximas promotoras de la sacionada ley de glaciares, repudió el fallo. “Se trata de una arbitrariedad ya que la ley nacional tiene preponderancia sobre la ley provincial, ese es el principio constitucional de las leyes de presupuestos mínimos”, denunció Juan Carlos Villalonga, director de Campañas.
“Estos sectores se han auto incriminado, si fuese cierto que no hay impactos de sus actividades en áreas de glaciares no estarían pidiendo la suspensión de la ley”, agregó.
Y recordó que “en el debate parlamentario quedó claro que la delimitación de las áreas glaciares y periglaciares quedará en manos de especialistas en la materia, que no existirá ningún tipo de arbitrariedad en esas definiciones. Sin embargo el sector minero no admite la existencia de la Ley y todo indica que no pueden cumplirla, es decir, que están operando en áreas que deben ser protegidas” .
Para Greenpeace este tipo de demandas era previsible y así lo habían adelantado los gobernadores de San Juan, Jujuy y La Rioja. “Esto no hace más que agravar aún más las sospechas y la pésima reputación que tienen las compañías mineras y los gobernadores que alientan este tipo de acciones judiciales”, concluyó Villalonga.
