El Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER)
es la obra social que alberga a la mayoría de los empleados públicos de la provincia. Cuando los beneficiarios realizan consultas médicas y/o estudios, los profesionales de la salud cobran adicionales no pactados.
El mes pasado la conducción del Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) volvió a denunciar el cobro de plus o adicionales indebidos por parte de los prestadores. Y como sucede siempre en estos casos, otra vez amenazó con sanciones a los profesionales que incumplan los términos del acuerdo vigente.
En el marco del reempadronamiento de prestadores que llevó adelante el mes pasado la principal obra social de la provincia, el integrante del directorio de Iosper, el médico Ariel de la Rosa, sostuvo que el procedimiento tendiente a evitar el cobro de plus a los afiliados “es una medida que se ha tomado en conjunto con la Federación Médica de Entre Ríos (FEMER)”.
Precisó que ahora la adhesión “será individual de cada profesional al convenio vigente para, así, transparentar un poco más el sistema”.
“Tanto las autoridades de Femer como el directorio del Iosper entendemos que el cobro de plus hace al incumplimiento del contrato existente, por lo que, de esta forma, creemos que quienes adhieran sabrán cuáles son las reglas de juego, que estarán muy claras y explícitas. Quienes incumplan, tendremos la potestad de excluirlos de nuestro padrón de prestadores”.
Acerca de las críticas emanadas desde ATE por la suba del coseguro (de 10 a 15 pesos), admitió que “no es una medida feliz, pero si tenemos en cuenta que desde 2007 todos los valores han cambiado y nunca habíamos actualizado el coseguro, creemos que en algún momento había que tomar esta determinación. Estamos hablando de cinco pesos por lo que no se trata de una suma exorbitante para lo que es la atención de la salud, sino que son medidas que hacen a la buena administración y al sostenimiento en el tiempo del sistema”, concluyó De la Rosa.
Cabe destacar, sin embargo, que entre 2009 y 2010 el organismo sólo aplicó la baja del padrón en dos oportunidades, mientras que las denuncias que recibió fueron 479 y los pagos extraordinarios reclamados a los afiliados ascendieron a 128.314,75 pesos.
