Una iniciativa en Diputados define la imposibilidad de concebir un niño como una enfermedad, por lo que el diagnóstico y los tratamientos deberían ser cubiertos por el Ioscor y prepagas.
Un proyecto de ley en la Legislatura local propone definir a la incapacidad de concebir un niño como una enfermedad y que los tratamientos de fertilidad sean cubiertos por las obras sociales y de medicina prepaga de la provincia.
La iniciativa, de la diputada Marly Brisco de Romero Feris, busca lograr que las dificultades de una pareja para concebir un niño naturalmente o de llevar un embarazo a término sean consideradas como una afección que requiere asistencia, sobre todo porque los tratamientos para quedar embrazada son largos y costosos.
Según informes nacionales, un tratamiento de fertilización asistida oscila entre 2.500 y 6.000 pesos. El 90 por ciento de las firmas de medicina prepaga del país no reconoce los tratamientos ni los gastos del embarazo y parto si resulta de una fertilización.
A nivel local, sería reconocida como una enfermedad, por lo que la diputada Brisco señaló que “las personas tienen derecho a la salud, y la esterilidad e infertilidad serían una condición o patología que afecta y restringe el pleno goce de tal derecho reconocido en la Constitución nacional”.
Diagnóstico y tratamiento
La propuesta del bloque autonomista de la Cámara de Diputados apunta a garantizar la asistencia médica integral; regular, controlar y supervisar los centros médicos que realicen los diagnósticos y tratamientos de infertilidad, y los procedimientos de fertilidad asistida.
En ese sentido, el proyecto de ley hace hincapié en que el Estado provincial deberá incorporarlos a las prestaciones que brinda el Instituto de Obra Social de Corrientes (Ioscor); también garantizar que los correntinos y las personas con más de dos años de residencia en la provincia tengan acceso a este servicio, en particular a quienes carezcan de obra social prepaga, a través de los hospitales públicos.
Con esta iniciativa se crearía el Consejo Consultivo Médico de Fertilidad Asistida, además de un Comité Asesor de Bioética, cuya función como autoridad de aplicación será la de fijar las prestaciones que se ofrecerán a las parejas beneficiarias.
