En el marco de una audiencia solicitada por ONG de doce países, entre ellos la Argentina, se denunciaron los obstáculos que persisten para acceder al aborto en los casos permitidos por la ley. La CIDH incorporará el tema en su agenda.
Las consecuencias de la criminalización del aborto sobre la salud y la vida de las mujeres en la Argentina y los obstáculos que persisten para el acceso a una interrupción de embarazo en los casos permitidos por el Código Penal fueron denunciados ayer en una sesión especial convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington.
La audiencia fue solicitada por ONG de 12 países de América latina y el Caribe, entre ellos Argentina, para dar cuenta de la situación de los derechos sexuales y reproductivos en la región. El problema de la penalización del aborto fue uno de los ejes principales. La CIDH se comprometió a incorporar el tema en su agenda y a hacer un seguimiento de las políticas en cada país.
Como caso testigo de la vulneración de los derechos de las mujeres en Argentina, se presentó el caso de Ana María Acevedo, la joven santafesina, madre de tres niños, que murió luego de que los médicos de un hospital público se negaran a practicarle un aborto terapéutico. “El respaldo de la CIDH a la vigencia irrestricta del derecho a la salud de las mujeres pone de relieve la necesidad de que nuestros legisladores discutan cómo hacer efectivo dicho derecho y así evitar las muertes maternas como consecuencia de abortos inseguros que anualmente afectan a mujeres en la Argentina”, señaló a Página/12 Mariela Belski, de la Asociación de los Derechos Civiles (ADC), al término de la audiencia.
Es la primera vez que la CIDH concede una audiencia dedicada exclusivamente a analizar la problemática de la criminalización del aborto en la región, destacó Belski. Al finalizar el informe que brindaron las ONG, una de las integrantes del organismo, la salvadoreña María Silvia Guillén, se mostró impactada por el panorama descripto y lamentó la influencia de la Iglesia Católica en los países y lo señaló como uno de los obstáculos en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos. También estuvieron la relatora de los Derechos de la Mujer de la CIDH, la venezolana Patricia Mejía, que calificó al problema del aborto como “gravísimo”, y el mexicano José de Jesús Orozco Henriquez, quien expresó que el organismo acompañará el reclamo de las ONG y hará propias las recomendaciones que elevaron las entidades (ver aparte).
La sesión fue presidida por la titular de la CIDH, la estadounidense Vinah Schelton. En Latinoamérica y el Caribe ocurren anualmente entre 3,9 y 4,2 millones de abortos inseguros. En Argentina, unos 500 mil cada año.
El tema llegó a la CIDH en momentos en que en la Argentina la Corte Suprema tiene la oportunidad histórica de pronunciarse sobre los alcances de los abortos legales y así poner punto final a las interpretaciones restrictivas que frecuentan los tribunales y hospitales y dar a la vez seguridad jurídica a los profesionales de la salud. El expediente llegó al máximo tribunal luego de que el asesor general subrogante de Chubut, Alfredo Mario Pértez Galimberti, apeló el fallo del Superior Tribunal de Justicia de esa provincia, que autorizó el 8 de marzo de 2010 un aborto a una adolescente de 15 años, sin discapacidad mental, que había quedado embarazada producto de los abusos sexuales perpetrados por su padrastro.
Esa fue la primera sentencia de un alto tribunal provincial que confirmó que cualquier mujer que enfrenta un embarazo producto de una violación tiene derecho a interrumpirlo. En el Congreso, por otra parte, está pendiente el debate por la despenalización del aborto, que comenzó el 30 de noviembre, el último día de sesiones ordinarias del año pasado, en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados.
La audiencia especial de la CIDH tuvo lugar ayer por la tarde en Washington, en el marco del 141º período de sesiones del órgano. Entre las ONG argentinas que la solicitaron están la ADC, el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). En la sesión habló Belski, de la ADC, en representación de las tres ONG argentinas. “La celebración de esta audiencia tiene implicancias directas para la Argentina, ya que no sólo denota la importancia que este tema tiene para el principal organismo de protección de los derechos humanos en la región, sino que también se refiere a una grave problemática que afecta nuestro país. El hecho de que la CIDH haya otorgado una audiencia para este tema es una clara señal sobre su relevancia, por lo que merece atención prioritaria por parte de todos los poderes del Estado”, indicó Belski a Página/12.
Durante la audiencia se presentó un diagnóstico sobre los obstáculos comunes que afectan el ejercicio efectivo de los derechos reproductivos de las mujeres en la región, especialmente en relación con el acceso al aborto, tales como la interpretación restringida del derecho a la salud, que no contempla el riesgo psíquico en las mujeres que solicitan un aborto terapéutico.
“Al tiempo que las mujeres, jóvenes y adolescentes están siendo obligadas a llevar a término embarazos en condiciones precarias y en circunstancias que vulneran sus derechos humanos, los Estados adolecen de políticas públicas adecuadas que permitan prevenir embarazos no deseados, complicaciones del embarazo
