Con el objetivo de brindar celeridad y efectividad en la atención integral de las víctimas de violencia familiar y contra la mujer, durante la jornada de ayer se firmó un convenio de Cooperación Institucional entre el Superior Tribunal de Justicia, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud y Desarrollo Social.
Uno de los puntos más importantes de este convenio, es la creación de un albergue para las víctimas de violencia, con el objetivo de resguardar su vida e integridad, tanto física como psicológica, hasta tanto se solucione su problemática. El hospesaje contará con aproximadamente 8 habitaciones, con alimentación incluida, por un tiempo máximo de cinco días.
De esta actividad, participaron el vicepresidente primero del Superior Tribunal de Justicia, doctor Eduardo Llugdar, el ministro de Salud y Desarrollo Social, doctor Luis César Martínez y el subsecretario de Derechos Humanos, Hugo Figueroa.
En este marco, el titular de la cartera de salud explicó que el convenio incluye el compromiso del Ministerio de Salud y Desarrollo Social a través de la Subsecretaría de Desarrollo Social de brindar un espacio físico para la instalación de un albergue para las personas víctimas de violencia familiar y de género, derivadas por la oficina de protección de las víctimas de violencia que funciona en el Poder Judicial y por la Dirección de Género, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia.
“En este lugar, las personas que están pasando por situaciones críticas de violencia doméstica podrán albergarse durante un tiempo determinado y serán asistidas por personal especializado que brindará acompañamiento, asesoramiento y tratamiento adecuado, facilitando a la mujer iniciar un proceso de mayor autonomía y la interrupción del ciclo de la violencia”, manifestó. Por último Figueroa dijo que “la violencia contra la mujer es un problema de salud, es un problema social y es un problema de DDHH”.
El funcionario agregó que es muy importante el aporte de las UPAS, las salas de urgencia de los hospitales, el Cepsi, para intervenir en esta problemática, y agregó que este acuerdo “pone en evidencia que el estado, tanto en su faz judicial como en su faz ejecutiva y por ende legislativa, está dando una respuesta a este sector amplio de la sociedad que sufre violencia doméstica”.
Frutos de tareas realizadas
El doctor Llugdar, por su parte, puso de manifiesto los antecedentes de este convenio y recordó el compromiso rubricado en el año 2009 cuando todas las autoridades de los tres poderes del estado de la región NOA, se reunieron en Tucumán. Allí se firmó el compromiso de declarar como política de estado el trabajo para erradicar este grave flagelo que es la violencia familiar.
“Cada uno de los poderes se comprometía a realizar las acciones tendientes propias para esta finalidad dentro de su competencia”, explicó Llugdar. “Los frutos de estos convenios se han ido viendo a lo largo de estos años: la creación de la Oficina de Violencia Doméstica en el Poder Judicial, la ley provincial que sancionó la legislatura, la creación de la Dirección de Género en el ámbito ejecutivo son acciones concretas que se han venido desarrollando”.
El vicepresidente del Superior Tribunal reconoció la tarea desarrollada por el Ministerio de Salud, que “ha sido siempre receptivo a los requerimientos, ya sea de asistencia médica de las víctimas, y ahora con el punto que faltaba, que era el tema de los albergues para aquellos casos en que las víctimas no pueda retornar al hogar conyugal”.
