Legisladores, funcionarios provinciales, médicos, profesionales de agronomía y biología y ciudadanos participaron de la audiencia pública realizada en la Cámara de Diputados acerca del proyecto para modificar la normativa actual.
Con el objeto de avanzar en la reforma de la normativa vigente sobre el régimen de uso de los biocidas en la provincia del Chaco, se inició en la Legislatura chaqueña la Audiencia Pública que sumará aportes de la ciudadanía, de organizaciones y entes gubernamentales para modificar la Ley Nº 3378 en vigencia desde el año 1988.
A la jornada, que estuvo presidida por el diputado Basilio Kuzmak, se inscribieron 194 personas, de las cuales 106 solicitaron hacer uso de la palabra. El encuentro estuvo además coordinado por los legisladores Julio Lorenzo y Livio Gutiérrez y los asesores el ingeniero Luis Boutet, asesor de la Comisión de Agricultura legislativa y Ernesto Zalazar.
Participaron los diputados Alicia Mastandrea, Carlos Martínez, Elda Pértile, Fabricio Bolatti, Avelino Milar, Raúl Acosta, Carlos Martínez y Fabricio Bolatti y la legisladora nacional Alicia Terada.
Kuzmak, al inicio de la audiencia recordó que la convocatoria fue hecha a través de la Resolución Nº 1259/11, de acuerdo a lo que estable la Ley de Audiencia Pública, a la vez que remarcó que “la concreción de la misma, es una parte importante del sistema democrático este debate que desarrollaremos”.
Ante la gran cantidad de oradores inscriptos -106 en total- el presidente la Audiencia Pública Basilio Kuzmak y los coordinadores Julio Lorenzo y Livio Gutiérrez, dispusieron permitir el uso de la palabra a los inscriptos del interior provincial en primer término dejando las exposiciones de los inscriptos que faltan exponer -63 en total- y residen en la ciudad de Resistencia y sus alrededores para el día 4 de agosto de 2011, a partir de la hora 9, disponiendo un cuarto intermedio desde las 14, con el objetivo de escuchar todas las opiniones respecto de este tema sensible a la ciudadanía chaqueña.
Síntesis de las coincidencias
Una de las máximas coincidencias fue la importancia de que la normativa que se apruebe sea fruto del debate y valoraron este espacio de las audiencias públicas como generador de esa posibilidad de diálogo y consensos, también resaltaron la consulta al pueblo en temas tan sensibles ala sociedad, que respondió a la convocatoria con casi 200 inscriptos y más de 100 oradores.
El debate se centro con visiones diferentes en varios puntos uno de ellos, referido al límite entre áreas sensibles y franjas de seguridad, cuestión que la mayoría de los oradores consideró que no contempla el despacho de la Comisión de Agricultura y Ganadería –girado a la Comisión de Salud, cartera con la que comparte tratamiento- , puntualmente solicitaron que la nueva ley contemple los límites y fije las distancias para realizar las pulverizaciones áreas y terrestres, y observaron que de acuerdo al dictamen este tema queda en manos de la Autoridad de aplicación que sería la subsecretaria de Agricultura, y además plantearon fijar una distancia por producto.
Otro de los puntos en cuestión se trata de la naturaleza de los productos agroquímicos, en relación a este punto solicitaron que se realice una nueva categorización de sustancias que se utilizan en la pulverización, actualmente esa decisión es facultad del SENASA.
Por otra parte manifestaron la preocupación porque no funcionan los organismos de control ambiental, al respecto pidieron mayor presencia y controles de los organismos del Estado para la aplicación real de la ley.
En relación con la derogación de la ley 3378, muchos oradores manifestaron su oposición a dejarla sin efectos, respaldaron la ley vigente teniendo en cuenta que los pisos mínimos los determina esta ley y su reglamentación que fija las distancias.
Exposiciones de los participantes
El subsecretario de Agricultura, Pedro Jover, señaló que “a través de todos los medios distintos sectores difundieron informes sobre trabajos que pretendían arrogarse la verdad absoluta sobre los agroquímicos”, y remarcó que “algunos no son validados. La falta de objetividad es lo más destacable de lo difundido, la sociedad merece que los estudios que se hagan sean realizados con el rigor científico, que se aplica en las investigaciones. Se debe respaldar en investigaciones y no en publicaciones de alguna naturaleza. Lo importante es que conozcamos los limites de esas actividades, que en el futuro nos den el menor perjuicio posible, debemos resguardar la vida y el medio ambiente”.
“Este sistema de siembra directa favorece la conservación del suelo y depende de la aplicación de herbicidas como el glifosato esta siendo criticando por sectores de la sociedad con escasos fundamentos valederos. En ningún caso nuestro ministerio favoreció el uso de agroquímicos, todos los productos están aprobados por el Senasa bajo los estudios que el organismo determina. Todos esos agroquímicos tienen habilitaciones en registros específicos de distintos países, tenemos algunos que son inocuos para el medio ambiente. Debemos trabajar articuladamente con todos los eslabones de la actividad productiva. Faltan muchas cosas por hacer en medio ambiente y su regulación en el mundo, nosotros no somos la excepción, figuramos dentro de los países con menor nivel de contaminación. no podemos hacer este tema un concierto de apreciaciones sin fundamento para confundir y crear incertidumbre en la opinión publica. El gobierno viene trabajando y perfeccionando los ámbitos de control para todos los actores involucrados” concluyó defendiendo el trabajo realizado.
Por su parte, la directora de la Escuela Nº340 de La Clotilde, Estela Raquel Lisesco, pidió que la iniciativa que propone derogar la ley de Biocidas sea archivada a la vez que advirtió sobre un conflicto de intereses, por un lado los agricultores y por otro lado los derechos de la población de proteger su salud. Para entender al prójimo es necesario ponerse en el lugar del otro solo así es posible saber como siente cada persona.
“La Clotilde se caracteriza porque están rodeadas de sembradíos de soja y la población urbana es testigo de cómo se aplican las pulverizaciones aéreas y terrestres. todos los habitantes tenemos el derecho de vivir en un ambiente sano. Queremos que el proyecto que deroga la ley de biocidas pase a archivo”.
El médico pediatra Medero Ávila Vázquez, que fuera Subsecretario de Salud de Córdoba, expuso imágenes y remarcó: “las evidencias que tenemos en la medicina son concluyentes, estamos en contra de las fumigaciones aéreas por los efectos que causa en la salud”.
La diputada Nacional Alicia Terada valoró: “Es importante escuchar todas las voces para hacer una normativa que pueda tener el equilibrio de todas las miradas” y añadió “es fundamental que se proteja todos los intereses de los ciudadanos, quedó claro que estaría quizás en cuestionamiento que modelo de país o que modelo de provincia estamos aspirando”.
“Se habla de la producción por un lado y por otro del desarrollo sustentable” dijo “la derogación de la ley de biocidas fue un aporte y es necesario derogarla aunque no totalmente” evaluó y agregó “la fijación de las distancias hay antecedentes, y en ese aspecto disiento con el despacho, no hay que dejarle esa delegación de facultades a un Poder Ejecutivo”.
Finalmente opinó “me parece oportuno el proyecto de Bolatti y que no se deje este articulo en blanco, quiero agradecer y manifestar la preocupación de la posible de la derogación de la ley de biocidas, es importante tener en cuenta lo que surja de esta audiencia publica y que se encuentre el termino justo para la sanción de una ley que sea adecuada y contemple la posición equilibrada de las partes”.
El subsecretario de Desarrollo Rural, Osvaldo Lovey destacó: “es un tema que esta haciendo carne en el conjunto de la población ya no solamente en los sectores productivos. Debemos señalar que el uso de los agroquímicos en la agricultura se ha generalizado y se ha expandido de tal manera que llega a ser un riesgo para la población, para los alimentos, para los animales y para la biodiversidad” y agregó “esta realidad la vemos en el Chaco desde la expansión de las fronteras agropecuarias. La ley debe contemplar el uso y las restricciones de estos tóxicos, no debe ser una ley permisiva para facilitar a los poderes económicos dominantes el uso indiscriminado de esto. Tenemos que avanzar también el organismo de control”.
Hugo Fernández, en su carácter de presidente del Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos reflexionó “es un tema acerca de que cada derecho que ejercemos nos genera un compromiso con una responsabilidad que debemos cumplir- asumimos el compromiso de escuchar cada una de las cosas que aquí se digan, porque podemos enriquecer las cuestiones que tengan que ver con la salud humana” luego hizo una aclaración “la actividad agropecuaria se encuentra contextualizada por un cuerpo de leyes, por ejemplo la ley general de ambiente y otras, existe también la ley de los presupuestos mínimos. Tenemos la ley nacional de suelo, tenemos un código de aguas, la ley de residuos tóxicos y tenemos esta ley de biocidas, que si bien fue sancionada hace más de veinte años fue pionera y modelo para otras provincias. Esto no quiere decir que la ley debe quedarse como esta porque debe hacerse en paralelo a los avances, es necesario clarificar más y definir todo lo que tiene que ver con la recolección y destrucción de los envases de agroquímicos. La creación del registro provincial de agroquímicos para darle al Estado mayor conocimiento de los productos que ingresa y se comercializa”.
El director de Defensa de la Democracia Ciudadana, Julio García, expresó que su participación era “como ser humano, por instinto, razón y sentimiento porque las cuestiones ambientales deben tener esa motivación”, y manifestó: “El ser humano necesita de un ambiente de salud y necesita un desarrollo de su economía, pero el pacto es que este desarrollo no ponga en juego su salud. El medio ambiente es visto como un derecho humano básico elemental esencial”.
“Aportar a esta audiencia publica que esto es un derecho constitucional que nos hemos ganado los chaqueños que la ciudadanía participe en estos proyectos. Estas cuestiones tienen que ver con la sobrevivencia de la especie” tras lo cual sugirió: “cualquier abordaje de la cuestión tiene que tener un tratamiento legal, mínimo de 2.500 metros, no puede ser esto manejado solo por ingenieros agrónomos, necesitamos médicos y también ambientalistas y además tiene que contemplarse la cuestión forestal. Sugerimos que haya una evaluación de riesgo ambiental”, agregó.
