El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak ,expresó que, además de tener una nueva Ley de Salud Mental en la Argentina, la estamos haciendo efectiva en los establecimientos del Sistema Penitenciario Federal, acercando a la realidad los derechos que ella consagra.
Alak trazó estos conceptos en el marco de la “Primera Jornada Intersectorial de Salud y Justicia”, que se realizó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
Destacó que “esta nueva concepción, basada en la convicción de que las personas privadas de la libertad son sujetos de derecho, coloca al Servicio Penitenciario Federal a la vanguardia en Iberoamérica”.
El funcionario precisó que “esta política penitenciaria permitió eliminar la sobrepoblación carcelaria; aumentar sensiblemente la población penal que accede a la educación (70%) y al trabajo formal (60%), incrementar las actividades culturales intramuros; desarrollar políticas de género que son reconocidas como modelo en otros sistemas penitenciarios de Iberoamérica y favorecer el acceso de los internos a planes de ciudadanía, como por ejemplo la documentación”.
Acotó que por eso “estamos reemplazando viejos y obsoletos establecimientos carcelarios por complejos penitenciarios diseñados para el desarrollo de planes educativos y para la recomposición de los vínculos de los internos con sus núcleos familiares, de manera de favorecer su integración plena al medio libre una vez que egresan del sistema penitenciario”.
En ese sentido, dijo que “resulta trascendental el Plan Nacional de Infraestructura Carcelaria que estamos desarrollando”. Mencionó como ejemplo, la inauguración del Complejo Penitenciario Federal NOA en la ciudad de Güemes, Salta; el inicio de obra del Centro Penitenciario Federal en Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, y el llamado a licitación pública para la construcción del Complejo Penitenciario Federal para Condenados de Agote, en Mercedes, provincia de Buenos Aires, establecimiento al que será trasladada la población que actualmente se aloja en el complejo porteño de Villa Devoto.
El encuentro sirvió para presentar los aspectos principales del Programa Interministerial de Salud Mental Argentino, Prisma, creado para ocuparse de la atención de personas con padecimiento mental que estén alojadas en cárceles, para quienes egresen de estos establecimientos, y para los que fueron declarados inimputables.
El ministro señaló que “este programa no es un hecho aislado ni podría ser posible fuera del marco de un programa integral de tranformación de nuestro sistema penitenciario federal”.
“Esta política, que nos pone a la vanguardia en Latinoamérica, se respalda en el principio de igualdad en el acceso y ejercicio de los derechos, y propone que las personas privadas de su libertad reciban el mismo tratamiento de salud mental que se brinda en cualquier servicio público del medio libre”, explicó Alak.
El ministro aseveró que “una problemática tan compleja como la de las personas con problemas de salud mental que se encuentran en conflicto con la ley no puede ni debe ser abordada desde una sola perspectiva, ni por una sola disciplina”.
La actividad contó además con la presencia del decano Alfredo Buzzi; el secretario de Justicia, Julián Álvarez y el viceministro de Salud, Eduardo Bustos Villar, además de expertos en la materia.
Hacia el cierre de la jornada, Álvarez expuso que “este Programa Interministerial es integral, dado que se concibe en la igualdad en el acceso y ejercicio de los derechos, de modo que quienes estén privados de su libertad reciban el mismo tratamiento de salud mental que se brinda en cualquier servicio público del medio libre”.
Prisma
El Prisma, lanzado en julio último por la Presidenta de la Nación, se enmarca dentro de la Ley Nacional de Salud Mental, promulgada en diciembre de 2010 y ajustada a los parámetros internacionales que desaconsejan la atención de salud mental con métodos que fomenten el estigma y aislamiento.
La iniciativa, que implementan en forma conjunta los ministerios de Salud y Justicia, tiene por objeto tratar la problemática de las personas con algún padecimiento mental que están alojadas en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal y dar respuesta a la situación por la que deben atravesar quienes han sido declarados inimputables y están a disposición de la Justicia, asegurando el cumplimiento pleno de sus derechos y fomentando su inclusión social.
“Entre todos asumimos el desafío de mejorar las condiciones de estos ciudadanos argentinos en un entorno contenedor porque entendemos que es parte de una construcción colectiva, plural y diversa”, afirmó el viceministro de Salud, Eduardo Bustos Villar.
Luego destacó que “el trabajo conjunto con el Ministerio de Justicia entiende al ciudadano como un sujeto de derecho”.
La jornada contó con las exposiciones de funcionarios, magistrados y académicos que ofrecieron diferentes puntos de vista acerca de la situación de las personas con padecimientos mentales que se encuentran en conflicto con la ley.
Entre los participantes de las mesas de debates estuvieron el director del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel; el director de Salud Mental y Adicciones, Yago Di Nella; los camaristas Claudio Ramos Feijoo y María Laura Garrigós de Rébori; Gastón Chillier del Centro de estudios Legales y Sociales, CELS; el fiscal Alejandro Alagia y el decano del Cuerpo Médico Forense, Roberto Luis Godoy, entre otros.
Di Nella remarcó que la aplicación de la Ley de Salud Mental para las personas internadas de las ex unidades penitenciarias 20 y 27 de los hospitales Borda y Moyano de la ciudad de Buenos Aires –que ya fueron cerradas- “es un punto de partida para pensar un programa de salud carcelaria”.
En referencia a la población objetivo del programa, Di Nella analizó que “existen personas en centros penitenciarios alojadas desde hace mucho tiempo por problemas de adicciones. Estas situaciones tienen que ser revertidas ya que nadie puede estar encerrado, y mucho menos cuando ese encierro es causado por la falta de acceso a la vivienda, a la salud o a su identidad”.
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