El trabajo colectivo de las mujeres por sus derechos quedó ratificado este lunes en las diversas actividades que se realizaron en Paraná, en el Día de Acción por la Salud de las Mujeres.
Por Betiana Spadillero Gaioli,
La jornada comenzó con una intervención urbana en la Plaza 1º de Mayo y culminó con el panel-debate “Proyecto de ley interrupción voluntaria del embarazo”. Convocadas por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito – Entre Ríos, especialistas compartieron sus miradas y experiencias en la materia.
Elsa Schvartzman hizo un análisis social y político del contexto en el que se debate la iniciativa. A su vez, refirió a los actores involucrados y remarcó la necesidad de un Estado laico, esto es, que no imponga reglas desde una teología moral. Nina Brugo Marcó, por su parte, se explayó sobre los aspectos legales, a fin de echar luz sobre las normas vigentes. Mientras que Nora Das Biaggio y Mara Luján hicieron hincapié en la realidad regional.
Los pañuelos verdes se impusieron este lunes en el Auditorio Rodolfo Walsh de la Facultad de Ciencias de la Educación, cuando especialistas disertaron sobre los avances en materia de derechos sexuales y reproductivos. Das Biaggio, Luján, Schvartzman y Brugo Marcó integran la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que este año volvió a presentar el proyecto de ley para la despenalización de esa práctica.
“Desafiamos el rol social de la maternidad”
En la inauguración del panel-debate, Nora Das Biaggio destacó cómo se modifica la realidad personal en el trabajo colectivo por los derechos de las mujeres, y los lazos que se fortalecen en esa lucha. En esa línea, señaló como un hito el Encuentro Nacional de Mujeres (ENM) en 2004, en Mendoza, donde se planteó la necesidad de elaborar una estrategia concreta por la despenalización del aborto.
La docente e investigadora de la universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) remarcó que en la actualidad las organizaciones de la sociedad civil “desafían el rol social de la maternidad, que estaba fundado en lo biológico, a sabiendas de que lo hacen por la salud de las mujeres”. De hecho, enfatizó que desde el Estado “siempre se pensó en la mujer-madre”, lo que se traduce en la falta de políticas públicas en materia de derechos sexuales y reproductivos.
También plasmó cómo estas ausencias tienen como resultado la muerte de miles de mujeres al año por abortos clandestinos. “Que esté penalizado el aborto es retrotraernos a la década del ’30, en lugar de avanzar hacia un modelo de país en donde las mujeres tengamos autonomía e igualdad en las decisiones”, sentenció.
La Campaña por el Aborto Legal en Entre Ríos
La vicepresidenta de la Fundación Mujeres Tramando, Mara Luján, reseñó el origen de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. “Han sido los Encuentros Nacionales los espacios que las mujeres hemos considerado como propios y en los que se denunciaban las injusticias. Pero fue en 2003, en Rosario, donde este reclamo se convirtió en un grito común”, expuso.
Dos años más tarde comenzó a funcionar el espacio -hoy conformado por más de 300 organizaciones- y a su vez iniciaron las asambleas regionales, para evaluar las realidades y necesidades concretas de las mujeres. Desde 2005 el debate en torno a la legalización y despenalización del aborto se fue instalando en la agenda pública y, según Luján, en Entre Ríos se debió a varios acontecimientos importantes.
La militante aludió a la sanción de la Ley Provincial Nº 9.501 de Educación Sexual, el caso de Micaela -la joven discapacitada víctima de una violación- y el caso de Ana Acevedo en Santa Fe -quien falleció porque la corporación médica le impidió el acceso a un aborto no punible. Este contexto derivó en que el entonces ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, impulsara la Guía de Atención Integral de los Abortos No Punibles.
Otro momento relevante fue en 2010, cuando se llevó a cabo en Paraná en Encuentro Nacional. La presencia de 30.000 mujeres de diferentes puntos del país dio un nuevo impulso a la Campaña, a pesar de los ataques de sectores conservadores, especialmente, los ligados a la Iglesia Católica.
Por último, mencionó el caso de la niña de 11 años de General Campos, que quedó embarazada producto de una violación. “Negar un aborto no punible es un delito”, aseveró en ese sentido. Luego reconstruyó las acciones realizadas contra la designación del subrogante Raúl Tomaselli frente al Juzgado de Familia de Concordia, entre ellas el intento de impugnación al pliego y las cartas enviadas a las autoridades gubernamentales y judiciales.
Respecto a la aprobación del Protocolo de Atención de Abortos No Punibles por parte del gobierno entrerriano, comentó las correcciones y sugerencias de las organizaciones. Asimismo, aprovechó para ratificar los cuestionamientos al senador provincial César Melchiori (PJ-Islas) por haberse “manifestado en forma grosera y discriminatoria” hacia las mujeres; además de impulsar un proyecto de ley que colisiona con las normas vigentes.
Para cerrar su intervención, Luján exhortó al legislador oficialista a que rectifique sus declaraciones, reclamó al gobierno que desista de la designación de Tomaselli e instó a que sean escuchados los aportes para el Protocolo.
“Somos amantes de la vida, pero de la vida digna”, refrendó.
“La clandestinidad no evita la realización de abortos”
La socióloga Elsa Schvartzman explicó que la Campaña tiene una consigna integral: Educación Sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Esto significa que más allá del planteo concreto de la legalización de una práctica, se está cuestionando en forma radical el orden social y el poder.
Al respecto, sostuvo que la sociedad alcanzó un grado de madurez que permite avanzar en materia de derechos, aunque aclaró que esto sólo puede completarse en un Estado que no imponga reglas desde una teología moral. “Estamos poniendo entre paréntesis el modelo de familia hegemónico”, recalcó.
Además, subrayó que se trata de un problema de salud pública; y que “la clandestinidad no evita la realización de abortos, sino que pone en riesgo y desventaja a las mujeres, sobre todo, a las pobres y a las más jóvenes”.
A fin de graficar la situación nacional, precisó que se producen 40 muertes de mujeres por cada 100.000 nacidos vivos, y que los últimos 20 años la materna es la primera causa de mortalidad en el país. Igualmente, apuntó que al año se realizan 60.000 internaciones post abortos, de las cuales el 50 por ciento son de mujeres de entre 20 y 29 años.
En ese marco, en consonancia con sus antecesoras, demandó la aplicación efectiva del artículo 86 del Código Penal, referido a los casos de aborto no punible; y la plena vigencia de la Ley Nacional Nº 26.150 de Educación Sexual.
Aspectos legales
El proyecto de interrupción voluntaria del embarazo se presentó este año por cuarta vez en el Congreso de la Nación. La iniciativa impulsada por la Campaña cuenta con el aval de diputados de diferentes arcos políticos y es el resultado del consenso de cientos de organizaciones http://abortolegalseguroygratuito.blogspot.com.ar/.
Nina Brugo ahondó sobre los aspectos legales de la propuesta y refirió a las excepciones contempladas en el Código Penal. Para la abogada, con el fallo de la Corte Suprema de Justicia esa discusión está saldada: “Fue un paso histórico, porque la sentencia tuvo en cuenta la gravedad y trascendencia social del caso”, observó.
Paso seguido, insistió en que si bien existe la figura de la objeción de conciencia, ésta es individual por lo que no puede haber una objeción institucional. “Si esto ocurre se está ante un caso de violencia institucional, como lo indica la Ley Nº 26.485 de violencia contra las mujeres”, explicó.
De la misma manera, remarcó que el Protocolo de Atención es una herramienta para hacer la intervención más operativa, pero en ningún caso debe obstaculizar el acceso a un derecho establecido por una norma de rango superior.
