En la última sesión del año, la Cámara de Diputados sancionó, por unanimidad, la ley 7.167 que crea el “Programa de Prevención y Asistencia Sanitaria Integral para las Adicciones”, bajo dependencia directa del Ministerio de Salud Pública.
“Es un paso importantísimo para que tanto el Estado provincial como la sociedad civil en su conjunto abandonemos sobre esta problemática la mirada estigmatizante y, en el peor de los casos, criminalizadora, para entender que estamos ante una cuestión compleja de salud pública que requiere del compromiso activo de todos los actores involucrados”, sostuvo el legislador al valorar la sanción.
Fue más allá y señaló que “esta ley pretende sumar voluntades y responsabilidades públicas reales, al esfuerzo que en soledad y la mayoría de las veces sin apoyo oficial realizaron todos estos años las familias de los adictos, así como fundaciones, iglesias, asociaciones cooperativas, sin dejar de mencionar el compromiso poco reconocido de los agentes y profesionales del Estado en sus distintas áreas”.
Respuesta adecuada
Martínez explicó que la presencia, con carácter de obligatorio y como piso mínimo, de equipos profesionales interdisciplinarios de médicos, psicólogos, asistentes sociales, operadores en psicología social, y demás efectores, en cada uno de los Centros de Salud de Complejidad III del sistema público de salud, pretende ser un principio de respuesta adecuada en lo que se refiere a asesoramiento, atención, contención y tratamiento de aquellos que padecen adicciones a sustancias psicoactivas legales o ilegales, y también de sus familiares. Y aclaró que “este conjunto constituye lo que la ley denomina la Red Provincial de Servicios Sanitarios para la prevención y asistencia en el campo de las adicciones, verdadero centro motor de dirección y concentración de los recursos estatales en el área de salud, que coordinará su accionar con efectores sociales y de salud de organizaciones no gubernamentales”.
“El abordaje intersectorial e interinstitucional está presente en el texto legal, teniendo el Ministerio de Salud Pública de la provincia la responsabilidad de articulación y coordinación con las distintas dependencias y áreas, principalmente Educación, Desarrollo Social, Trabajo, Deportes, Derechos Humanos, a fin de potenciar el accionar de políticas públicas. Esto es particularmente importante, ya que la ley le asigna gran importancia al rol de los Centros de Apoyo, Refugios, Puntos de Contacto e Información y Equipos Interdisciplinarios de Calle en lo que se refiere al abordaje integral del tema”, señaló Martínez.
“Es importante también la obligación que se establece para la autoridad de aplicación de garantizar la capacitación permanente y en servicio de profesionales y técnicos integrantes de la Red de Atención Sanitaria en Adicciones, a través de las acciones de investigación, docencia y asesoramiento en la problemática de adicciones. Esto es fundamental para consolidar y fijar, con carácter estratégico, las políticas públicas de prevención y asistencia en materia de adicciones”, preciso el legislador.
En la agenda de prioridades
“Pretendemos que el Ejecutivo le dé la importancia en su agenda de prioridades a la reglamentación y puesta en marcha de los mecanismos que permitan la puesta en funcionamiento de esta ley, para lo cual solicitaremos una audiencia urgente a las autoridades del Ejecutivo”, adelantó el diputado.
Por último, agradeció el impulso para la sanción de esta ley de organizaciones de la sociedad civil que se hicieron presentes en la Jornada de Debate que tuvo lugar el 4 de octubre último en el recinto de la Legislatura, así como también el informe favorable del área de salud mental del Ministerio de Salud del Chaco, y el acompañamiento unánime, tanto de los integrantes de la Comisión de Desarrollo Humano y Salud como de la totalidad de los legisladores presentes al momento de la votación.
