El gobierno español aprobó la ley contra la obesidad por la que no se permitirá la venta en el ámbito escolar de alimentos y bebidas “que no sean sanas””.
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La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, resaltó que, por primera vez, se introducen en una ley española aspectos relacionados con la promoción de hábitos saludables de alimentación así como “la prohibición de discriminación por obesidad”.
Jiménez ha dicho que esto es especialmente relevante si se tiene en cuenta que, según la Encuesta Nacional de Salud, uno de cada dos adultos está obeso o tiene sobrepeso, siendo ésta la segunda causa de muerte evitable en el mundo después del tabaco.
También parece urgente retirar de los colegios bollería, chucherías, snacks y refrescos dado que, entre los menores, el 9,13% tiene obesidad y el 18,48%, sobrepeso, lo que significa que uno de cada cuatro niños tiene exceso de peso.
La titular de Sanidad ha precisado que el tratamiento de las enfermedades derivadas de este problema nutricional conlleva un gasto de un 7% del Sistema Nacional de Salud, lo que supone unos 2.500 millones de euros.
La nueva ley, impulsada también por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, promueve que la oferta alimentaria de los centros escolares sea variada y adecuada a las necesidades nutricionales de los alumnos.
Los responsables de la supervisión de los menús serán profesionales acreditados y los colegios proporcionarán a los padres o tutores información detallada sobre ellos así como directrices para que la cena sea complementaria.
En las instalaciones que lo permitan, se elaborarán menús escolares adaptados a las necesidades especiales de los alumnos que padezcan alergias e intolerancias alimentarias.
La normativa prevé actuaciones en el ámbito de la publicidad de los alimentos a la población de menos de 15 años, como el desarrollo de sistemas de regulación voluntaria mediante acuerdos con los operadores económicos y de comunicación audiovisual.
En cuanto a la industria alimentaria, la normativa establece la obligación de que utilicen tecnologías e ingredientes que minimicen el contenido de las grasas.
El texto plantea la obligación de revisar cada cinco años la Estrategia NAOS para la nutrición, la actividad física y la prevención de la obesidad, con el objetivo de avanzar en sus objetivos.
Se creará para ello el Observatorio de la nutrición y el estudio de la obesidad, que realizará análisis periódicos de la situación de España en este ámbito.
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