El juez Roberto Gallardo ordenó que se retiren las máquinas y el cercado de la Plaza Las Heras, en el barrio porteño de Palermo, donde se construye un estacionamiento. Los trabajos de remoción ya fueron realizados, sin embargo varios sectores del parque quedaron en muy mal estado.
El magistrado, titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de la Ciudad de Buenos Aires, que resolvió como medida precautelar que las obras en el Parque Las Heras continúen paralizadas y el predio quede en las mismas condiciones en que estaba antes del comienzo de los trabajos, habia fallado que en caso de no ser acatada la medida pondría multas personales tanto a Macri como al responsable de la empresa constructora.
El magistrado porteño dio como plazo al lunes próximo a las 11, para que se cumpla lo ordenado, y señaló a Macri como responsable del cumplimiento. Dado el estado en el que sencuentran algunas partes del parque, fundamentalmente en el sector que da a la Avenida Coronel díaz, es muy poco probable que se pueda cumplir con el fallo judicial en tiempo y forma.
De todas maneras empleados del Gobierno de la Ciudad trabajan aun bajo la lluvia para evitar que tanto el Jefe de Gobierno como otros funcionarios reciba las multas dispuestas por el magistrado.
El Gobierno de la Ciudad había iniciado la construcción de un estacionamiento subterráneo debajo del Parque Las Heras, pero ante una acción de amparo iniciada por un grupo de vecinos, Gallardo resolvió suspender las obras por el riesgo que podrían afrontar los árboles de la plaza que debían ser trasladados.
El juez precisó que en el predio funcionó hasta 1962 la Penitenciaría Nacional, declarada como “sitio histórico” por la ley 2.468.
“A tenor de las manifestaciones vertidas existiría un desconocimiento por parte del Gobierno de la Ciudad de los vestigios de importancia arqueológica e histórica que pudieran afectarse como consecuencia del desarrollo de la obra pública”, señala el fallo.
“Mantener el Parque Las Heras con un vallado que le impide al ciudadano porteño el pleno goce y disfrute de dicho espacio público por un proyecto de obra que aún no habría sido aprobado colisionaría con el principio de razonabilidad que debe primar en toda decisión jurídica”, condenó.
